Tierras rurales: qué se debatió y cómo podría impactar en Rivadavia

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó su rechazo a una flexibilización de la venta de tierras rurales a capitales extranjeros. En un mensaje difundido antes del debate en el Senado nacional, sostuvo que la tierra debe ser protegida y que las inversiones deberían estar vinculadas con proyectos productivos, empleo y beneficios concretos para los salteños.

La discusión formaba parte del proyecto denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La propuesta original buscaba eliminar restricciones de la Ley 26.737 y luego circuló una alternativa que elevaba del 15% al 25% el límite general de tierras rurales en manos extranjeras. Sin embargo, ante la falta de acuerdos, el oficialismo retiró ese capítulo antes de la sesión del 6 de agosto. Por eso, al momento de esta publicación no existe un cambio vigente en el régimen de tierras rurales.

Quienes impulsaron la reforma argumentaron que una mayor apertura podría atraer capital para actividades agropecuarias, forestales, infraestructura y economías regionales. Sus críticos advirtieron sobre la concentración de la propiedad, el control de recursos naturales estratégicos y la necesidad de que las provincias conserven capacidad de decisión. La posición expresada por Sáenz combinó el rechazo a la flexibilización propuesta con una apertura a inversiones que presenten proyectos productivos y generen trabajo local.

En Rivadavia el análisis requiere distinguir tierras privadas con títulos consolidados, tierras fiscales y territorios alcanzados por procesos de regularización o reconocimiento comunitario. Los ex lotes fiscales 55 y 14 comprenden unas 643.000 hectáreas: 400.000 fueron destinadas a propiedad comunitaria indígena y el resto a familias criollas, dentro de un proceso vinculado con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat.

Además, en marzo de 2026 la Provincia informó que continúa la regularización del lote fiscal 26, en Rivadavia Banda Sur. El trámite contempla a nueve comunidades y aproximadamente 60 familias criollas. Estos antecedentes muestran que una eventual modificación nacional no convertiría automáticamente en vendibles las tierras comunitarias, fiscales, sometidas a regularización o alcanzadas por decisiones judiciales.

Si en el futuro volviera a tratarse una flexibilización, un posible efecto favorable sería un mayor interés por tierras privadas productivas, con capacidad de financiar infraestructura, ganadería, manejo forestal o acceso al agua. Para que ese efecto llegue a los habitantes del departamento, la inversión tendría que traducirse en empleo registrado, proveedores locales, obras y cumplimiento ambiental.

Entre los riesgos posibles aparecen la presión sobre el precio de la tierra, la concentración de superficies, nuevos conflictos en zonas con títulos incompletos y una mayor demanda sobre agua y monte nativo. En Rivadavia también serían centrales la consulta y el respeto de los derechos de las comunidades indígenas y de las familias criollas que atraviesan procesos de regularización.

En síntesis, la retirada del capítulo evita un impacto inmediato. El debate, sin embargo, sigue siendo relevante para Rivadavia: cualquier reforma futura debería diferenciar la inversión productiva de la mera adquisición de tierra, respetar los regímenes comunitarios y dominiales existentes y definir controles provinciales claros.